Matias Tombolini
La ley de rotulado en Argentina (o etiquetado de advertencias) es, sin dudas, una medida que favorece que la población alcance un mejor nivel de nutrición. Pero es también una reglamentación que, desde el punto de vista legal, tiene un impacto alcance. Se trata de una política pública que ayuda a que se cumplan obligaciones que el Estado argentino contrajo en materia de derechos humanos.
EL DERECHO HUMANO A LA SALUD.
Una de esas obligaciones estatales en materia de derechos humanos fue la que nuestro país adquirió con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Efectivamente, en 2020 se estableció que todas las personas tenemos derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Fue por eso que la ONU le solicitó a los Estados que la integran que adopten el rotulado frontal de alimentos y bebidas como una forma de frenar el impacto de las enfermedades no transmisibles (ENT). Estas enfermedades, a las que también se conoce como “crónicas” (porque son “de larga duración”), cada año producen la muerte de 41 millones de personas. Dicha cifra representa el 74% de todas las muertes globales, según la OMS.
Si pensamos que la alimentación no saludable como ENT y dimensionamos que estas enfermedades son las primera causa de muerte en el mundo, entonces probablemente veremos la importancia de que Argentina haya sido uno de los países que aprobó la Ley de rotulado.
NIVELES DE VIDA Y ALIMENTACION DE LA MUJER.
Otro de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país (así como también por México, Perú, Uruguay y Chile) que constituye un compromiso para proteger la salud y el derecho a la alimentación es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado en 1976. En su artículo 11, dicho tratado multilateral de derechos humanos establece que los Estados que lo rubricaron deben reconocer el derecho de todas las personas a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, lo cual incluye la alimentación (así como también la vivienda y la vestimenta) Tres años después de haberse aprobado ese pacto, en 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Esa normativa (a la que generalmente se conoce como CEDAW por la sigla en inglés “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women”) también tiene relación con la actual ley de rotulado en Argentina. En su artículo 12, esa convención señala que todos los países firmantes se comprometen a garantizar que las mujeres tengan servicios nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia, objetivo al que está orientado el rotulado. La CEDAW establece que los estados deben garantizar servicios gratuitos para las mujeres en los mencionados períodos de la vida.
ACCESO A LA INFORMACIÓN.
Estos tres entramados normativos internacionales constituyeron marcos que promovieron los
los derechos humanos a la salud y la alimentación adecuada. La Ley de etiquetado promovió ambas cosas, pero también promovió el acceso a la información.
La política pública de promoción de alimentación saludable se hizo efectiva gracias a la posibilidad de poner a disposición de la población información clara en los productos alimentarios, la cual permite saber qué está consumiendo mediante sellos que informan si un alimento es alto en grasas totales, en azúcares, en grasas saturadas, en sodio y en calorías.
Ese acceso a información nutricional permitió incluso distinguir claramente y en pocos segundos qué alimentos tienen nutrientes que nos pueden hacer mal para así evitar a aquellos que favorecen las enfermedades no transmisibles.
Allanar el acceso a esa información nutricional hizo que la población pueda identificar claramente qué alimentos no son recomendables para niños y niñas por contener edulcorantes y cuáles conviene evitar en dicha población por contener cafeína.
Garantizar el derecho a la información de toda la población es importante, pero resulta aún más necesario en niñas, niños y adolescentes si consideramos que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el sobrepeso y la obesidad infantil constituyen uno de los principales problemas de salud pública del siglo XXI.